Las compras circulares fallan en la cláusula de evidencia

Abrí casi cualquier licitación pública o corporativa con un componente de circularidad y vas a encontrar una pregunta con esta forma: describa su enfoque de economía circular y cómo su organización minimiza los residuos.

Es una frase razonable. Y también es imposible de contestar de un modo que distinga a nadie. Todo proveedor tiene un enfoque. Todo proveedor minimiza residuos, en el sentido de que ninguno los maximiza. La pregunta ordena a los que responden según la calidad de su redacción, que no es la calidad que el comprador quería comprar.

La alternativa no es una pregunta más difícil. Es una pregunta con otra forma. Pedí un registro en vez de una descripción, y el campo se separa enseguida.

Hay dos movimientos empujando a los compradores hacia criterios basados en evidencia, lo tuvieran planeado o no.

En Europa, la compra pública verde está pasando progresivamente de práctica recomendada a criterios especificados para categorías concretas de producto, en paralelo con umbrales de contratación que se recalibraron para 2026. Países Bajos y Suecia están entre los mercados más avanzados, con infraestructura digital de compras madura —TenderNed y TendSign respectivamente—, lo que hace más fácil exigir datos estructurados a los proveedores y compararlos.

En Australia la dirección la marca la responsabilidad extendida del productor. En mayo de 2026 el Senado giró a comisión el proyecto de Esquema de Responsabilidad Extendida del Productor para Envases. El proyecto reemplazaría los acuerdos voluntarios por obligaciones vinculantes para productores, importadores y distribuidores sobre el fin de vida de los envases que ponen en el mercado, y volvería las metas nacionales de envases legalmente obligatorias en vez de aspiracionales.

El contexto es incómodo. El contenido reciclado en los envases australianos subió del treinta y cinco al cuarenta y cuatro por ciento contra una meta del cincuenta, y el reciclado de plástico está cerca del veinte por ciento contra una meta del setenta. No se cumplieron las metas voluntarias, así que vienen las obligatorias.

Cambiar criterios narrativos por criterios probatorios no exige una licitación más larga. Exige unas pocas preguntas que no se puedan contestar desde un folleto.

La cuarta es la que más se omite y la que más probablemente evite un papelón después. La separación física y el balance de masa son los dos métodos legítimos, pero sostienen afirmaciones públicas distintas. Un comprador que no pregunta cuál se aplica va a terminar haciendo una afirmación física apoyada en una cadena de balance de masa — que es justamente el desajuste que los reguladores de consumo empezaron a litigar.

Hay una objeción legítima a los criterios probatorios: que favorecen a los proveedores grandes con departamento de cumplimiento por encima de los chicos que hacen trabajo genuinamente circular. La objeción es real y es manejable.

La versión manejable distingue entre la madurez de los sistemas del proveedor y la veracidad de lo que afirma. Un operador chico puede no tener certificación, pero casi siempre puede producir un ticket de balanza, un responsable con nombre en cada etapa y una foto atada a un lote. Eso es evidencia. Lo que hay que penalizar no es la ausencia de un certificado: es no poder sustentar la afirmación concreta que se está haciendo.

La expresión «cadena de suministro circular» se usa muchas veces para decir «cadena con insumos reciclados». Eso es una característica del material, no de la estructura, y le queda corto al concepto.

Una cadena de suministro circular es aquella en la que el comprador conserva visibilidad del material después de la venta, y en la que el camino de retorno está definido por contrato y no supuesto. Eso es un arreglo de gobierno. Exige que alguien sea responsable de lo que pasa al final de la vida útil, que alguien registre qué pasó, y que haya un mecanismo por el que ese registro llegue al comprador.

La corresponsabilidad del producto, en su forma seria, es el nombre de aceptar esa responsabilidad de forma explícita. La responsabilidad extendida del productor es el nombre de que te la impongan. Las organizaciones que construyen la primera suelen encontrar que la segunda les resulta bastante menos disruptiva.

La mayoría de las organizaciones tienen compras y gestión de residuos como funciones separadas, con reportes separados, presupuestos separados y ningún dato en común. La consecuencia es un absurdo conocido: la organización paga por descartar material en un portón y paga por comprar material parecido en otro.

Cerrar ese circuito suele ser la iniciativa circular de mayor retorno disponible, y es una decisión de compras antes que ambiental. Uniformes dados de baja, cartelería retirada, materiales de eventos, envases y textiles operativos tienen todos a la vez un costo de descarte y un valor latente como insumo.

Contestarla exige un inventario de las corrientes de material que salen, con pesos y costos de descarte al lado. La mayoría de las organizaciones no tiene ese inventario, lo cual ya es información en sí.

Armarlo casi nunca es un proyecto tecnológico. Suele ser cuestión de pedirle a mantenimiento doce meses de facturas del transportista de residuos, desglosar los renglones por corriente y ponerle a cada uno un peso y un costo. El ejercicio lleva unos días y de rutina saca a la luz dos o tres corrientes con volumen y constancia suficientes para sostener un programa de producto. Textiles, cartelería y envases aparecen más seguido, porque se generan de forma continua, llegan en formatos previsibles y suelen descartarse bajo un único contrato que nadie miró de cerca en años.

Una vez que esas corrientes se ven, la conversación de compras cambia de forma. En vez de pedirle a un proveedor que consiga bienes sostenibles, el comprador puede ofrecerle una materia prima definida, con volumen conocido y especificación conocida. Es una posición de negociación bastante más fuerte, y produce productos con una afirmación de origen que ningún competidor puede replicar.

REZET Hub se construyó para que la cláusula de evidencia se pueda contestar. Registra los programas circulares de materiales a nivel de lote, de modo que la respuesta del proveedor sea un registro y no un relato, y que el propio reporte del comprador se apoye en el mismo documento.

Para cada proyecto captura origen y categoría del material, la trazabilidad con las partes nombradas, el peso de recepción verificado, el rendimiento del proceso, la ruta del residual, el socio de transformación, los productos creados y el material de respaldo, todo atado a un identificador de lote y exportable para una auditoría o para una licitación.

Cuando el residuo del propio comprador es la materia prima, el circuito queda documentado de punta a punta: el material sale de su sede, se recupera, se convierte en producto y vuelve al comprador con el registro del recorrido adjunto.

Reformar la política de compras entera es un ejercicio de varios años y normalmente se atasca. Reescribir un solo criterio en la próxima licitación, no.

Tomá la pregunta de circularidad que ya tenés. Reemplazá el pedido de una descripción por el pedido de un registro a nivel de lote de una entrega comparable. Agregá un renglón exigiendo que se declare el método de trazabilidad. Puntuá las respuestas según si la evidencia sostiene la afirmación, no según cómo está redactada la afirmación. Y después observá cuántos oferentes pueden cumplir.

Ese solo cambio suele dar dos resultados útiles. Identifica cuáles de tus proveedores actuales ya trabajan con estándar probatorio, que es información valiosa. Y le avisa al resto del mercado que la próxima licitación va a pedir lo mismo — que es la forma en que los criterios de compra cambian de verdad la conducta de los proveedores.