La ley ya te dice el porcentaje: al menos el 50% reservado

Disposición adicional decimonovena de la Ley 7/2022, Contratos reservados en la gestión de residuos textiles: los contratos de las administraciones públicas «serán licitados y adjudicados de manera preferente a través de contratos reservados».

Y el apartado 2, que convierte una preferencia en una métrica: «al menos el 50% del importe de adjudicación deberá ser objeto de contratación reservada». La remisión es a la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Hay un umbral que se puede auditar. «Fomentamos la economía social» no se comprueba; «el 52% del importe adjudicado fue reservado» sí, y sale del propio expediente.

Un lote pequeño reservado y el grueso abierto no cumple el enunciado, aunque cumpla la estética. Y alcanza a muebles y enseres, no sólo a textil: dos flujos, la misma disposición.

El artículo 18.2 prohíbe «la destrucción o su eliminación mediante depósito en vertedero de excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos», salvo que deban destruirse por otra normativa o por protección del consumidor y seguridad.

El destino no queda a elección: «se destinarán en primer lugar a canales de reutilización, incluyendo su donación», y sólo después al resto de la jerarquía.

La excepción de seguridad es la puerta que usa casi todo el uniforme corporativo, y con motivo: una prenda con logo identifica a quien la lleva. Pero está redactada como excepción, con una carga de justificación encima, no como la vía normal.

Escribir el 50% en el pliego, no en la memoria justificativa. Separar «destruir la identidad» de «destruir la prenda». Y pedir el destino, no la destrucción: la ley ordena una jerarquía, y un informe que sólo acredita eliminación no acredita esa jerarquía.